Más de 7,5 millones de colombianos esperan justicia tras presuntas irregularidades en multas de tránsito

Más de 7,5 millones de colombianos estarían esperando justicia tras recibir comparendos que fueron impuestos de manera irregular entre el 2018 y el 2024. De estos más de 1,5 fueron pagados por los ciudadanos, lo que permitió un recaudo superior al billón de pesos; los otro 5 millones de comparendos tendrían que ser revocados. Esta situación fue denunciada por Ricardo Ruge, abogado y defensor de causas ciudadanas, quien advierte sobre las posibles irregularidades detrás del modelo de recaudo y administración de estos recursos en el país.

El abogado asegura que los ciudadanos habrían desembolsado, en promedio, más de 632.000 pesos, sin que hasta el momento se haya dado una solución efectiva para quienes reclaman la devolución de sus recursos por el pago de multas que fueron cobradas de manera irregular.

Adicionalmente, la investigación pone bajo la lupa el funcionamiento del sistema encargado de administrar los recursos provenientes de las multas de tránsito y la contratación de las empresas que participan en su operación.

Uno de los principales señalamientos está relacionado con DICITEC S.E.M., empresa que, según Ruge, concentraría más del 50 % de la contratación vinculada a la operación del sistema, mediante procesos de contratación directa.

El abogado cuestiona que la Federación Colombiana de Municipios tendría participación societaria en esta compañía, lo que podría representar un conflicto de intereses y plantea interrogantes sobre la transparencia en la asignación de contratos y el manejo de los recursos.

De otro lado, Ruge también denuncia el origen de los recursos de DICITEC S.E.M en el municipio de Zarzal, Valle del Cauca, y los movimientos en su composición societaria, en los que habría participado la asociación MASORA (Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño). Según Ruge, estos antecedentes deben ser examinados por las autoridades para establecer si existieron irregularidades en la conformación de la empresa y en su posterior participación en la contratación.

Frente a estos hechos, Ricardo Ruge anunció la presentación de una denuncia penal contra Gilberto Toro Giraldo, presidente de la Federación Colombiana de Municipios, el representante legal de DICITEC S.E.M. y el representante legal de la asociación MASORA.

Según el abogado, la denuncia contiene más de 40 hechos que expondrían presuntas irregularidades en la estructuración y operación del modelo de recaudo y contratación alrededor de las multas de tránsito.

La pregunta de fondo sigue siendo qué ocurrió con los recursos pagados por los conductores y quién debe responder por su eventual devolución. Mientras avanzan las acciones anunciadas por el abogado, los señalamientos ponen sobre la mesa la necesidad de investigar el modelo de contratación, verificar los vínculos empresariales y establecer si existieron irregularidades en el manejo de los recursos. Hoy los colombianos reclaman transparencia, respuestas y garantías para recuperar su dinero.