«El decreto 1190 es una oscura estrategia para mancillar el honor de la fuerza pública y usar la justicia con fines políticos»

COMUNICADO DE PRENSA

EX MINISTRO DE DEFENSA, INTEGRANTES DE LA RESERVA Y ESTUDIANTES DEMANDAN AL GOBIERNO: «EL DECRETO 1190 ES UNA OSCURA ESTRATEGIA PARA MANCILLAR EL HONOR DE LA FUERZA PÚBLICA Y USAR LA JUSTICIA CON FINES POLÍTICOS«

Bogotá D.C., 26 de noviembre de 2025 – El ex Ministro de Defensa Nacional, Diego Andrés Molano Aponte, junto integrantes de la reserva y estudiantes universitarios, radicaron ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra el Decreto 1190 de 2025, al considerar que esta norma constituye un grave abuso de poder y una violación directa a la Constitución Política.

Los demandantes advierten que el Gobierno está intentando recrear una JEP, con facultades inconstitucionales e ilegales para “investigar” a los soldados y policías que protegieron a los Colombianos durante el estallido social entre 2019 y 2021. Además solicitaron la suspensión inmediata y urgente del decreto, al considerar que sus efectos podrían causar daños irreparables a los derechos fundamentales y al honor institucional de la Fuerza Pública.

“Lo hacemos para proteger el honor y la honra de los policías y soldados que defendieron a Colombia durante el Estallido Social”, señalaron los accionantes.

¿Por qué el decreto es ilegal? Los cuatro cargos más fuertes:

La acción judicial sostiene que el Decreto 1190 es inconstitucional y está viciado de ilegalidad por razones de fondo:

 * Usurpación del poder judicial: El Ejecutivo no tiene autoridad para investigar. Las funciones de perseguir delitos y sancionar faltas son exclusivas de la Fiscalía, la Procuraduría y los jueces. Al crear un Comité con estas atribuciones, el Gobierno rompe la separación de poderes y desconoce el diseño constitucional del Estado

 * Ataque a la privacidad y el debido proceso: El decreto ordena a las entidades públicas entregar «sin restricciones» información sensible al Comité. Esto es un ataque directo al debido proceso, la intimidad y el hábeas data. La norma expone datos personales de ciudadanos y de la Fuerza Pública, sin garantizar su derecho a la defensa.

 * Se desconoce la presunción de inocencia: El Comité evaluará hechos y sacará conclusiones sin ofrecer el mecanismo básico de defensa o contradicción a las personas señaladas. Esto transgrede de manera flagrante la presunción de inocencia.

* Daño al honor de la Fuerza Pública: Este decreto es una oscura estrategia del Gobierno para afectar la credibilidad hacia nuestros soldados y policías. Al crear un Comité paralelo controlado por personas cercanas al petrismo, se busca interferir en procesos judiciales ya existentes y mancillar el buen nombre de los soldados y policías, manipulando la opinión pública con propósitos electorales. Además, ignora fallos que probaron la existencia de grupos armados ilegales infiltrados en las protestas.

La urgencia: prevenir un daño irreparable

El ex Ministro Molano, los integrantes de la reserva y estudiantes universitarios pidieron la suspensión de urgencia para evitar un perjuicio irremediable. De seguir en firme, se autorizaría la recolección y difusión de información reservada, causando daños irreversibles al buen nombre, la intimidad y la honra de los miembros de la Fuerza Pública.

DECLARACIÓN CLAVE DE LOS DEMANDANTES:

 «No podemos permitir que, bajo el pretexto de “esclarecer” los hechos, se intente, sin competencia legal alguna, fabricar responsabilidades políticas o jurídicas a quienes, con valentía y determinación, protegieron la democracia y garantizaron la supremacía de la Constitución durante los disturbios de 2019 y 2021».

La decisión sobre la validez y la solicitud de suspensión provisional del Decreto 1190 está ahora en manos del Consejo de Estado.

FUENTE:

Oficina de prensa Ex Ministro Diego Molano